Tras llegar el viernes a Manta, los 28 tripulantes de dos embarcaciones interceptadas y hundidas por fuerzas de Estados Unidos en aguas del Pacífico, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, quedaron en libertad este sábado, en un caso que sigue marcado por la falta de pruebas presentadas ante la justicia y por los reclamos de rendición de cuentas sobre lo ocurrido en altamar.
Fernando Bastidas, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, dijo a EFE que interpusieron un hábeas corpus por nueve personas de la embarcación Conquista II. Según explicó, el juez solicitó información a la Armada, al Ministerio de Defensa y al Gobierno de Estados Unidos, por medio de la Cancillería, debido a que ni el Ministerio del Interior ni la Armada aclararon en audiencia por qué se produjo la interceptación del 2 de septiembre. Agregó que, en la audiencia de calificación de flagrancia realizada en paralelo para los nueve tripulantes de la Conquista II y los 19 de la OM2, la fiscalía no logró demostrar indicios del cometimiento de delito.
Pese a la liberación de los 28 hombres, el hábeas corpus continúa abierto para establecer responsabilidades por la presunta desaparición forzada denunciada por la defensa y para revisar esta práctica en altamar. Bastidas sostuvo además que en la Conquista II viajaban 17 personas y que ocho siguen desaparecidas, aunque la Armada informó el viernes que estaban en camino al puerto a bordo de otra embarcación. El caso vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre la versión oficial de los operativos y la obligación de dar explicaciones verificables cuando hay detenciones, hundimientos y personas cuyo paradero sigue en disputa.