Un análisis del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), mediante CAPEL, y divulgado por la Junta Central Electoral (JCE), propone establecer una Procuraduría Electoral con presupuesto propio y fiscales de carrera que trabajen de manera permanente. La recomendación surge de un diagnóstico institucional sensible: la percepción de debilidad en las sanciones frente a los delitos electorales está afectando la desafección de los ciudadanos con el proceso.
Entre los problemas señalados por el documento figuran las percepciones sobre “prácticas de compra de cédulas y sobornos”, así como un régimen de consecuencias débil que transmite al elector “una sensación de baja eficacia del sufragio”. Con ese panorama, la idea de una estructura con más autonomía y permanencia vuelve a poner sobre la mesa la capacidad real del sistema para perseguir irregularidades y garantizar protección antes, durante y después de las elecciones.
El estudio también incluye reparos sobre el momento en que interviene la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. En las entrevistas se indica que esa instancia se activa “muy tarde”, apenas semanas antes de los comicios, y se sugiere investigar con mayor anticipación para desarticular redes ilícitas. Como parte de las medidas para reforzar la institucionalidad, el informe añade diálogos de sensibilización para que las organizaciones presenten pruebas fehacientes ante denuncias de irregularidades, en una señal de que la vigilancia y la rendición de cuentas siguen pendientes.