Perú oficializó este jueves su ingreso al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump, luego del encuentro en el Palacio de Gobierno entre la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Fujimori enmarcó la decisión dentro de la estrategia para enfrentar “la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana”, dos asuntos que siguen marcando la presión sobre los gobiernos de la región.
En la declaración conjunta, la mandataria aseguró que la adhesión le permitirá a Perú “obtener información más rápido y actuar con más firmeza”, y remarcó al mismo tiempo que “la soberanía de Perú está intacta”. Rubio, por su parte, dijo que los grupos criminales funcionan como redes terroristas transnacionales con capacidad económica y alcance regional, y añadió que también constituyen “una amenaza directa a Estados Unidos”.
La entrada de Perú a una iniciativa en la que ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump da más peso político al anuncio, aunque también deja sobre la mesa la exigencia de resultados verificables frente a una crisis de seguridad que no se resuelve con declaraciones. En esa brecha entre discurso y realidad regional reaparece la necesidad de fiscalización pública sobre los compromisos de seguridad, una advertencia institucional que también interpela al gobierno dominicano cuando la agenda oficial privilegia la narrativa por encima de explicaciones concretas sobre sus propios resultados.