Pekín prohibirá a partir del 15 de noviembre no solo el uso, sino también la posesión y el almacenamiento de drones, en un nuevo giro regulatorio anunciado por el Gobierno municipal tres meses después de que una avioneta de entrenamiento se estrellara contra el rascacielos más alto de la capital. La medida vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre la imagen de una ciudad “blindada” y un incidente que cuestionó esas defensas.
El anuncio, difundido el domingo en la página web oficial, se presenta como un intento de “reforzar de forma efectiva las defensas de seguridad” del espacio aéreo de la capital. Pero llega tras una sucesión de restricciones que ya se había activado desde hace dos años y que en mayo pasado incluyó la prohibición de vender y alquilar drones, límites a su entrada en la ciudad y la exigencia de autorización para volarlos en exteriores. Hasta ahora, no se había dado el paso de vetar también su tenencia.
El nuevo esquema obliga a sacar los aparatos de Pekín por “canales oficiales” y ofrece a sus propietarios tres alternativas: enviarlos fuera de la ciudad mediante mensajería gratuita, destruirlos para reciclaje o revenderlos a las autoridades. Aunque la normativa no afecta a la aviación comercial ni a las operaciones de rescate de emergencias, sí convierte a Pekín en la ciudad con las reglas más estrictas de China sobre drones, en una decisión que además choca con el papel del país como mayor productor mundial del sector y sede de empresas como DJI.