Representantes de MIPYMES que participaron en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar reclamaron al Gobierno y a los organismos competentes suspender la entrega de anticipos de contratos cuestionados del INABIE hasta que se investiguen las presuntas irregularidades denunciadas en la evaluación y adjudicación. La exigencia coloca bajo presión la gestión del proceso, al advertir que entregar recursos antes de responder los recursos presentados podría dificultar correcciones posteriores.
Durante una protesta cívica en Santo Domingo, los oferentes solicitaron la publicación de los expedientes permitidos por ley, la reinspección de cocinas adjudicadas, una revisión independiente de las puntuaciones y una auditoría forense para establecer si los contratos fueron asignados conforme a los criterios establecidos. Elizabeth Beriguete, consultora MIPYME, afirmó que el reclamo no busca afectar la alimentación de los estudiantes, sino transparentar un sistema que, según los participantes, estaría perjudicando a pequeñas y medianas empresas y al propio programa. “Ya está bueno. Con el dinero de la comida de los estudiantes no se negocia ni se juega”, manifestó.
Los oferentes sostienen que ya han depositado recursos de reconsideración y jerárquicos por puntuaciones, inspecciones y adjudicaciones, mientras denuncian que continúan los movimientos de centros y raciones. En ese contexto, pidieron a la Dirección General de Contrataciones Públicas y al Gobierno responder a tiempo antes de que se entreguen los anticipos. El caso abre una nueva alerta sobre controles, rendición de cuentas y la distancia entre el discurso de transparencia y las dudas que siguen rodeando decisiones sensibles para un programa dirigido a estudiantes.