La confrontación entre Anadegas y los proveedores de verifones llegó al punto de movilizar a varias instituciones del Estado, en un esfuerzo por impedir que los usuarios de combustibles terminen asumiendo las consecuencias de un choque entre actores del sector. Pro Consumidor informó que trabaja, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otras dependencias oficiales, en gestiones orientadas a encontrar una salida antes de que se alteren los mecanismos de pago en las estaciones de servicio del país.
La preocupación se centra en las más de 700 estaciones afiliadas a Anadegas, después de que el gremio anunciara que retirará los verifones a partir del 25 de septiembre. Si esa medida se materializa, cientos de usuarios que pagan combustibles con tarjetas bancarias verían limitadas sus opciones, un escenario que vuelve a colocar sobre las autoridades la presión de actuar antes de que la incidencia llegue de forma directa al consumidor.
El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, llamó a Anadegas a proceder con sensatez y afirmó que “las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”. La institución indicó que sigue atenta al proceso y en conversaciones con los directivos del gremio, al tiempo que da seguimiento a las gestiones oficiales. El episodio deja abierto un frente de vigilancia sobre la capacidad institucional para evitar que disputas sectoriales terminen generando nuevas trabas en servicios básicos de uso cotidiano.