La queja presentada por el abogado Alfonso Ramos, quien asegura que no pudo asistir a su representado, el ortopedista Díaz Encarnación, vuelve a colocar el caso SeNaSa 2.0 en un plano especialmente delicado para la institucionalidad: el respeto al derecho de defensa desde el inicio mismo de una investigación. De acuerdo con su relato, permaneció desde las 9:00 de la mañana en la sede de la Procuraduría General de la República sin lograr contactar a su cliente hasta cerca de las 7:00 de la noche, mientras este era sometido a interrogatorio.
Ramos describió lo ocurrido como una “franca violación” y recordó que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal, incluido su artículo 96.9, reconocen a toda persona requerida por las autoridades el derecho a consultar y recibir asistencia de un abogado de su elección desde las primeras actuaciones del proceso. Añadió que impedir ese contacto puede facilitar la obtención de información sin que exista un mecanismo de defensa durante los interrogatorios.
El jurista afirmó además que la Procuraduría estaría recurriendo a una estrategia de cansancio con los investigados. En ese marco, insistió en que corresponde al órgano acusador probar las imputaciones que eventualmente formule contra Díaz Encarnación, detenido durante los allanamientos simultáneos realizados la madrugada de este viernes, y subrayó que su representado sigue siendo inocente mientras avanza la investigación.