Brooklyn High Rise LLC deberá pagar US$352,250 entre multas y restitución después de que una investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, concluyera que la empresa usó antecedentes judiciales de vivienda para rechazar solicitudes de alquiler y cobrar depósitos que en muchos casos no devolvió. El caso vuelve a poner bajo la lupa el costo que terminan asumiendo los ciudadanos cuando fallan los controles y una práctica prohibida consigue mantenerse durante años.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York determinó que, entre el 15 de julio de 2019 y el 5 de septiembre de 2025, la compañía obtuvo registros de casos judiciales entre propietarios e inquilinos y, a partir de esa información, negó ilegalmente vivienda a 203 solicitantes. Esa conducta había sido prohibida en 2019 por la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección del Inquilino de Nueva York, que presume ilegal el rechazo cuando un propietario accede a esos antecedentes y luego desestima la solicitud, salvo que demuestre otra causa.
La investigación arrancó en mayo de 2025, luego de que se detectara que el agente inmobiliario seguía pidiendo informes de verificación de antecedentes a un proveedor externo que incluía historiales judiciales de vivienda. En el marco del acuerdo, Brooklyn High Rise deberá eliminar de sus formularios cualquier pregunta sobre antecedentes judiciales y penales, dejar de obtener historiales judiciales de arrendadores e inquilinos anteriores y capacitar a sus agentes y empleados sobre normas de vivienda justa y prohibiciones contra listas negras. El expediente también detectó que la empresa retenía depósitos de hasta US$750, una práctica que agrava el impacto sobre quienes ya habían sido excluidos del acceso a vivienda.