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Aplazan coerción en Operación Cobra 2.0 y crece la presión por respuestas sobre el alcance del caso

septiembre 22, 2026 · Redactor
Aplazan coerción en Operación Cobra 2.0 y crece la presión por respuestas sobre el alcance del caso
Foto: acento.com.do

La defensa pidió tiempo para revisar un expediente de 525 páginas, en un proceso que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad institucional de dar resultados verificables.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la denominada Operación Cobra 2.0-A. La audiencia se celebró en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, debido a razones de espacio.

El aplazamiento se produjo después de que las barras de la defensa solicitaran tiempo para estudiar el expediente depositado por el Ministerio Público, compuesto por unas 525 páginas. En la solicitud de coerción figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez y un grupo de médicos, entre ellos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García. También fueron incluidos Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

En una primera etapa de la investigación fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), a quien el Ministerio Público señala como presunto cabecilla del alegado entramado, además de Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez y Germán Rafael Robles Quiñones. El nuevo aplazamiento mantiene el foco sobre un caso que exige seguimiento público y rendición de cuentas, en medio de un escenario donde el discurso de control institucional vuelve a medirse contra la capacidad real de sostener procesos sólidos y oportunos.