Más de trescientas mujeres rurales, jóvenes y lideresas comunitarias se reunieron en Santo Domingo, luego de la Semana del Impulso a la Paridad Política, en un curso que honra a Milagros Ortiz Bosch. La cifra, presentada como avance, también dejó al descubierto una pregunta de fondo de cara a 2028: «¿Con qué vamos a competir?», en un escenario donde el financiamiento electoral sigue operando como filtro de acceso al poder real.
La principal traba, sin embargo, queda fuera del discurso de inclusión. Aunque estas mujeres llegan con arraigo territorial, legitimidad social y trabajo comunitario, se topan con un sistema marcado por asimetrías de dinero y poder. Gloria Reyes, ministra de la Mujer, admite ese desequilibrio al señalar que muchas dominicanas ejercen liderazgo antes de figurar en una boleta, pero sus trayectorias se diluyen en una estructura que no corrige la desigualdad de origen.
Los avances normativos, como la Ley 33-18 y la Ley 20-23, quedan así bajo escrutinio: la discusión ya no se limita a las cuotas, sino a los resultados verificables y a la rendición de cuentas sobre por qué la paridad sigue sin convertirse en poder efectivo. En ese contraste entre el marco legal y la realidad política se instala una alerta institucional para el sistema de partidos y para los espacios de decisión, incluido el Congreso, donde la demanda de representación no se resuelve con formación simbólica si persisten las barreras materiales de acceso.