La detención en Florida de la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont, tras cinco años prófuga de la Justicia de México, reactivó un expediente marcado por acusaciones de evasión fiscal, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República confirmó el arresto en redes sociales, mientras seguían sin conocerse detalles de las autoridades estadounidenses sobre el procedimiento y las condiciones en que se produjo.
Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación los vincula con un supuesto esquema de empresas fantasma para desviar aproximadamente 3,000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a más de 160 millones de dólares, un volumen que vuelve a colocar en primer plano el costo institucional de los casos que tardan años en resolverse mientras los fondos públicos quedan bajo sospecha.
La pareja era buscada internacionalmente desde 2021, pero en septiembre pasado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que Interpol había retirado las alertas rojas contra ambos y anunció que su Gobierno solicitaría reactivarlas. En ese contexto, la captura de Gómez Mont expone el contraste entre los anuncios oficiales y un proceso que siguió acumulando vacíos de información. Álvarez Puga, por su parte, fue detenido en Miami en septiembre de 2025 y quedó sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos, mientras México avanzaba con las gestiones para su extradición.