La acampada por el derecho a la vivienda que llevaba más de cinco semanas instalada en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, fue levantada la madrugada de este martes, a menos de un mes de las elecciones generales en España, en un episodio que vuelve a situar bajo la lupa la respuesta oficial a la crisis habitacional.
La Delegación del Gobierno en Madrid afirmó en un comunicado que el dispositivo transcurrió “sin disturbios ni episodios de violencia” y que terminó con 334 personas desalojadas y dos detenciones por “desobediencia y resistencia” a la autoridad. En cambio, los organizadores denunciaron en Telegram una “intervención policial violenta”, con varios heridos por golpes y por el uso de gas pimienta. Flor, una mujer sin hogar de 43 años que vivía en el campamento desde el 26 de septiembre, aseguró que los agentes entraron “a porrazos”, que no les dejaron sacar sus pertenencias y que perdió su documentación y su teléfono.
Durante semanas, el asentamiento funcionó como refugio para personas sin techo, junto a manifestantes y activistas, con varios centenares de tiendas de campaña, comedor, biblioteca y enfermería. Según la Delegación del Gobierno, el operativo contó con 220 agentes de la Policía Nacional, 180 de la Policía Municipal de Madrid, además de bomberos y servicios sociales. El desalojo coincide con un escenario en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no consiguió que el Parlamento aprobara dos proyectos de ley para afrontar la profunda crisis del acceso a la vivienda, un contraste que intensifica la presión política sobre el Ejecutivo en plena recta electoral.