Durante la gestión del presidente Luis Abinader han ido en aumento los cuestionamientos sobre soberanía, símbolos patrios y derechos constitucionales, en un escenario donde el discurso oficial de respeto a la identidad nacional contrasta, según el texto, con hechos que apuntan en dirección opuesta. Pese a que el mandatario ha afirmado que su gobierno honra la memoria de los Padres de la Patria y mantiene un respeto riguroso por los símbolos nacionales, se plantea que en estos seis años se han acumulado episodios que alimentan dudas sobre la solidez institucional del Estado.
El foco de la señalización está en la presión de organismos internacionales sobre decisiones internas de la República Dominicana. El texto cita a la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Foro Económico Mundial Davos como entidades vinculadas a una agenda de fronteras abiertas y críticas a las políticas de deportación masiva de extranjeros indocumentados. Además, advierte que, frente a medidas de seguridad fronteriza y a la aplicación de leyes migratorias internas, esos organismos amenazan con sanciones económicas y legales, lo que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para defender la soberanía sin ambigüedades.
La controversia cobró nuevo impulso mientras el Congreso revisa la Ley 74-25 que instituye el Código Penal. Allí, la ONU remitió una comunicación para solicitar cambios sobre la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, el artículo 124 en su párrafo IV y el respeto a la igualdad de género u orientación sexual. Para los críticos, el episodio no solo representa una alerta institucional por la injerencia en asuntos internos, sino que también evidencia el desgaste de una gestión que, pese a su retórica, sigue sin despejar las dudas sobre hasta dónde está dispuesta a defender las decisiones soberanas del país.