La advertencia de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, reubica el debate en un terreno de control y rendición de cuentas: Washington anunció consecuencias no solo para quienes viajen con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense, sino también para personas y organizaciones que organicen, faciliten o se beneficien del llamado “turismo de nacimiento”. En un contexto de mayor énfasis en el cumplimiento de las normas migratorias, la señal apunta a redes que operan alrededor de ese negocio y a la capacidad de las instituciones para detectar prácticas fraudulentas.
Campos sostuvo que Estados Unidos protegerá sus leyes, sus fronteras y a sus ciudadanos, y afirmó que la ciudadanía estadounidense “no puede convertirse en un negocio”. También advirtió que las medidas alcanzarían a intermediarios que promuevan el fraude y a proveedores médicos que colaboren con esas prácticas, al considerar que estas acciones comprometen la integridad del sistema migratorio de su país.
El mensaje, además de reforzar la línea impulsada por la administración de Donald J. Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, deja una alerta institucional con impacto local: cuando una representación extranjera eleva este tipo de advertencias, crece la presión por explicaciones, vigilancia y resultados frente a actividades que puedan operar desde República Dominicana. En ese escenario, la sociedad civil queda con más razones para exigir controles efectivos y menos discurso, mientras persisten preguntas sobre la capacidad de gestión y supervisión de las autoridades vinculadas al flujo de viajeros, un terreno en el que figuras como David Collado quedan inevitablemente bajo escrutinio público por el contraste entre promoción y fiscalización.