La sentencia que ordena pagar US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral por el litigio de los terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera no está firme y todavía puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, informó el Banco Central. La institución reaccionó así a la difusión del fallo y afirmó que la versión conocida hasta ahora ofrece una mirada incompleta de un proceso que ha transitado por varias jurisdicciones.
La entidad explicó además que el expediente arrastra un extenso recorrido judicial, con decisiones del Tribunal Superior de Tierras, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y recursos de casación depositados ante la Suprema Corte. El caso también vuelve a abrir interrogantes sobre la administración pública de esos terrenos, después de que el Banco Central recordara que en 1999 los entregó a contratistas del Estado como dación en pago, por cuenta del Estado dominicano, a solicitud del Poder Ejecutivo y con autorización previa de la Junta Monetaria.
A ese origen institucional se suma una presión mayor sobre la fiscalización de los bienes públicos. Según el Banco Central, todo comenzó con una permuta firmada el 18 de octubre de 1999 con el Consejo Estatal del Azúcar, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional. Ese convenio establecía que el CEA cedería terrenos en San José de los Llanos, en San Pedro de Macorís, a cambio de los inmuebles transferidos en Herrera, un antecedente que hoy regresa al centro del debate sobre transparencia, rendición de cuentas y la capacidad real del Estado para responder ante litigios de alto impacto.