otras-regiones

Camacho ve un avance institucional en las designaciones de la Suprema Corte y el Ministerio Público

noviembre 3, 2026 · Redactor
Camacho ve un avance institucional en las designaciones de la Suprema Corte y el Ministerio Público
Foto: elnuevodiario.com.do

La elección de Justiniano Montero Montero y de seis nuevos jueces de la SCJ es valorada como un signo de madurez institucional, aunque el proceso vuelve a poner el foco sobre el CNM que preside Luis Abinader.

SANTO DOMINGO. – Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, consideró un avance para la institucionalidad dominicana que tanto el Ministerio Público como la Suprema Corte de Justicia estén encabezados por funcionarios de carrera.

Su valoración se produjo luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, escogiera por unanimidad a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Camacho sostuvo que “el hecho de que el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia estén dirigidos por funcionarios provenientes de sus respectivas carreras no solo constituye un acontecimiento histórico, sino también una clara muestra de avance, madurez y fortalecimiento institucional”. Montero Montero reemplazará a Luis Henry Molina y llega al cargo con más de 27 años de trayectoria en el Poder Judicial, donde ha ocupado funciones desde juez de paz hasta magistrado de la alta corte y presidente de la Primera Sala.

La decisión del CNM también incluyó la escogencia de Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo como nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Además, Villalona Guerrero fue designado primer sustituto del presidente de la SCJ y Ricourt Gómez segunda sustituta. Las nuevas autoridades fueron convocadas a juramentación para el martes 10 de noviembre en el Palacio Nacional, un escenario que vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre discurso institucional y control político en decisiones clave del Estado.