El caso Onco14 volvió a colocar bajo escrutinio la protección de recursos vinculados a la atención oncológica, luego de que el Ministerio Público solicitara este martes 18 meses de prisión preventiva contra tres personas señaladas en la presunta estructura fraudulenta desmantelada en Santiago. La investigación sostiene que las maniobras habrían sustraído millonarios fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), en un expediente que vuelve a poner el foco sobre los controles alrededor de dinero destinado a pacientes vulnerables.
La solicitud fue presentada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó cargos administrativos y de auditoría dentro de la entidad. Además de la prisión preventiva, el órgano acusador pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja por la gravedad de los hechos investigados y la posible pena en caso de condena.
Según el Ministerio Público, los imputados habrían usado fraude clínico y farmacéutico, doble facturación al SeNaSa, sellos médicos falsificados, venta de medicamentos donados, contrabando mediante exoneraciones fiscales, reembolsos fraudulentos y lavado de activos para desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer. La audiencia, conocida por la jueza Estefani Reyes, fue suspendida hasta el jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde para continuar con la etapa de réplica y contrarréplica, mientras el expediente mantiene abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo pudieron operar estas presuntas irregularidades en un área tan sensible del sistema de salud.