La indignación entre las víctimas creció tras la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de cerrar la unidad especial que investigaba las adopciones ilegales durante la dictadura chilena. La medida refuerza las alertas sobre un retroceso institucional en una materia vinculada con la verdad y la reparación, y afecta una estructura pensada para coordinar búsquedas y facilitar reencuentros en un caso marcado por décadas de demora y por miles de familias aún sin respuestas.
La principal organización de víctimas del país describió la decisión como «un balde de agua fría que dificulta el camino a la verdad». Marisol Rodríguez, fundadora y presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), declaró a EFE: «No esperábamos esta decisión, teníamos la idea de que esto iba a seguir, teníamos noticias de que había disposición y hasta se nos habló la semana pasada que se iba a trabajar en la implementación. Nos indigna profundamente».
La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, había sido creada en febrero, un mes antes del cambio de gobierno. Su tarea era articular a distintas instituciones en los procesos de búsqueda y ayudar en los reencuentros de los más de 20.000 niños que se estima fueron sustraídos y separados de sus familias biológicas.
Rodríguez advirtió que la organización tiene detectados más de 10.000 casos y recordó que actualmente hay más de 1.600 causas judiciales abiertas. Añadió que el ministro a cargo de la causa ha cifrado en 23.000 los niños sacados de Chile desde 1983, sin incluir los casos anteriores, que se remontan a la década de 1950. En ese marco, el cierre de la unidad profundiza el contraste entre cualquier discurso de orden institucional y una decisión que deja menos herramientas para esclarecer hechos ya judicializados.
Aunque existen registros de estas prácticas desde los años 50, fue durante la dictadura cuando se concentró la mayor parte de los casos, con participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos, y con un impacto especialmente duro sobre madres jóvenes y de pocos recursos. Las denuncias comenzaron a salir a la luz en 2014 y la Justicia abrió una investigación en 2018. Con ese antecedente, la clausura de la unidad no aparece como un ajuste administrativo menor, sino como una decisión política que aumenta la exigencia de vigilancia pública y de rendición de cuentas frente a víctimas que siguen esperando verdad.