El desalojo practicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra El Navío Bar & Seafood, en la franja costera de Pedernales, quedó en entredicho después de que su propietario, Odanis Antonio Grullón, asegurara que la acción se ejecutó en violación de una sentencia judicial que, según explicó, frenaba la ejecución dispuesta mediante la Resolución No. 009-2026. La denuncia pone sobre la mesa la exigencia de explicaciones oficiales sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales y la consistencia de la actuación administrativa.
En una entrevista telefónica con El Nuevo Diario, Grullón admitió que el negocio estaba ubicado dentro de la franja protegida de 60 metros a partir de la pleamar, aunque afirmó que su permanencia en el lugar había sido autorizada por el propio Ministerio de Medio Ambiente bajo excepciones contempladas en la legislación ambiental. Entre esos permisos mencionó la Autorización No. VCMYM-511-2021, de fecha 14 de mayo de 2021, emitida luego de inspecciones técnicas de funcionarios ambientales y autoridades de Recursos Costeros y Marinos, además de otras autorizaciones posteriores para ampliaciones, pasarelas y reparaciones.
El empresario agregó que la Ordenanza Civil No. 250-2026-SCIV-00026, dictada el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, disponía suspender el desalojo hasta que el Tribunal Superior Administrativo conociera el recurso contencioso administrativo presentado contra la resolución de Medio Ambiente. A eso se suma su afirmación de que no recibió notificación previa del retiro reciente, lo que refuerza el contraste entre la ejecución realizada y el proceso legal que, según su versión, seguía abierto.