La circulación en redes sociales de un video que muestra la agresión a un ciudadano en la marginal de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, llevó a EDEEste a separar de las labores asociadas a la distribuidora a dos técnicos de la empresa contratista ATAL CARIBE. Los involucrados fueron identificados como Adalberto Acosta y Jorge Alberto Herrera.
La empresa afirmó que ninguno de los dos formaba parte de su nómina, sino de una brigada contratista. Aun así, el episodio abrió un nuevo frente de escrutinio sobre los controles aplicados al personal que actúa en nombre de una institución responsable de un servicio público esencial. EDEEste informó que, al conocer lo sucedido, notificó formalmente a la contratista y pidió el retiro inmediato de ambos técnicos, además de su exclusión de futuras asignaciones para la institución.
La distribuidora señaló que rechaza la violencia, la intimidación y cualquier conducta que comprometa la integridad de los ciudadanos, y reiteró que las empresas contratadas deben garantizar profesionalismo, respeto y apego a las normas. Más allá de esa respuesta, el caso deja en evidencia el contraste entre el discurso institucional y lo ocurrido en la calle, en un contexto en que la sociedad civil mantiene la atención sobre la calidad del trato al ciudadano y la rendición de cuentas en la gestión de servicios públicos.