El Ministerio de Educación ordenó prohibir el uso de celulares en las aulas de escuelas públicas y centros educativos privados, una decisión presentada como parte de su función reguladora del sistema educativo. La medida, defendida en el texto original como correcta y conveniente, pone ahora el acento en si la gestión será capaz de convertir esa ordenanza en mejoras reales dentro de las clases y no dejarla solo en el plano normativo.
El propio contenido de la pieza reconoce que la prohibición era reclamada públicamente desde hace casi un año. Además, recuerda que en septiembre de 2025 ya se había planteado la necesidad de adoptar una decisión similar, al señalar que más de 90 países habían avanzado en esa dirección por los efectos del uso de pantallas en niños y niñas. Ese antecedente deja un contraste inevitable entre el reconocimiento del problema y el tiempo que tomó actuar.
Según el texto, a principios de 2026 también hubo una reunión con el ministro Luis Miguel Decamps para insistir en la necesidad de que República Dominicana asumiera esa decisión. Con la ordenanza ya emitida, el debate pasa de la felicitación a la rendición de cuentas: cómo se aplicará la prohibición, qué seguimiento tendrá en el sistema educativo y si la medida llegará acompañada de resultados verificables en la calidad de la enseñanza.