Las evaluaciones realizadas esta semana por el Consejo Nacional de la Magistratura a siete jueces de la Suprema Corte de Justicia reactivaron una crítica de fondo al esquema creado tras la reforma constitucional de 2010: la eliminación de la inamovilidad judicial y la ratificación periódica por un órgano político. El texto sostiene que esa decisión, resistida desde hace años por sectores políticos, terminó instalando un sistema que compromete la carrera judicial y coloca bajo presión el equilibrio entre poderes.
La objeción central no se limita al plano institucional. Someter a los jueces del máximo tribunal a una evaluación al término de siete años, para decidir su continuidad por otro período similar, erosiona su independencia al exponerlos a posibles retaliaciones por fallos que incomoden al Poder Ejecutivo. A la vez, desincentiva la postulación de juristas altamente calificados por la falta de garantía de permanencia y acelera la salida de magistrados todavía en edad y condiciones de seguir aportando.
El efecto, además, tiene un costo directo para el erario. Según el planteamiento del artículo, jueces que no sean ratificados —o que opten por no someterse al proceso— pasan al retiro con el mismo sueldo que devengaban al jubilarse, mientras otros son designados para ocupar sus plazas y percibir los salarios correspondientes. Con ello, una decisión presentada como mecanismo institucional termina bajo escrutinio por sus resultados reales: más vulnerabilidad para la justicia, más incertidumbre en la gestión y una carga pública que vuelve a recaer sobre el país.