La controversia por la deuda entre alcaldías y Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) volvió a dejar al descubierto un problema de rendición de cuentas en la gestión del sistema eléctrico y su efecto sobre los gobiernos locales. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, sostuvo que la deuda es mutua y recordó que, aunque se ha hablado de una deuda de 300 millones de dólares de los cabildos con las EDE, esas compañías también incumplen disposiciones legales y constitucionales relacionadas con pagos a los municipios.
De acuerdo con su explicación, la sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional y el artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01 disponen que las EDE deben entregar cada mes a municipios y distritos municipales el 3% de la facturación corriente recaudada en su jurisdicción, mientras que los ayuntamientos deben asumir el consumo del alumbrado público y otras instalaciones municipales. Núñez afirmó que desde 2013 las distribuidoras no han cumplido con esa obligación, lo que, a su entender, ha generado una deuda “incalculable” con los gobiernos locales.
Fedomu advirtió que la morosidad vinculada al alumbrado público afecta el presupuesto de las alcaldías y restringe el cumplimiento de sus funciones. Por eso, Núñez insistió en que el debate no puede limitarse a lo que adeudan los cabildos, sino que también debe revisarse por qué continúa sin ejecutarse una decisión del Tribunal Constitucional sobre recursos que, según recordó, no son un impuesto, sino un arbitrio municipal o tasa compensatoria legalmente establecida.