RIO DE JANEIRO.– Flávio Bolsonaro enmarcó como un movimiento que trasciende lo judicial la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de impedirle durante 90 días visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un episodio que suma presión a la alerta institucional sobre el peso de ciertas resoluciones en el proceso electoral.
En una transmisión en vivo por redes sociales, el senador y precandidato presidencial tildó la restricción de «desproporcionada e injusta» y afirmó que el plazo fue calculado para dejarlo sin contacto con el exmandatario hasta después de la primera vuelta. «No es casualidad que este plazo termine justo después de la primera vuelta», dijo en su canal de YouTube, al insistir en el contraste entre el discurso de legalidad y el efecto político concreto de la medida.
Considerado uno de los principales nombres de la derecha para enfrentar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el legislador comparó además el caso con el período en que Lula estuvo encarcelado por procesos de corrupción luego anulados. Según sostuvo, entonces el líder del Partido de los Trabajadores pudo divulgar cartas y mantener comunicación con aliados y medios sin restricciones similares, una comparación con la que buscó remarcar la necesidad de reglas consistentes y de rendición de cuentas cuando las decisiones judiciales alteran el terreno político.
A juicio de Flávio Bolsonaro, las limitaciones a las visitas familiares y al contacto con abogados apuntan a aislar políticamente a su padre, que cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. La medida de De Moraes se adoptó después de que el senador leyera en redes sociales una carta del exmandatario en la que reiteraba su respaldo a la candidatura presidencial de su hijo y llamaba a la unidad del movimiento conservador, luego de críticas públicas de la exprimera dama Michelle Bolsonaro.
El magistrado defendió que la difusión del mensaje violó las medidas cautelares impuestas al expresidente. Sin embargo, la controversia ya quedó abierta en un plano más amplio: hasta dónde una decisión judicial puede restringir comunicaciones y vínculos políticos en plena campaña sin profundizar el desgaste institucional ni alimentar la percepción de que, otra vez, el poder condiciona la competencia democrática.