La intervención de la Digesett en la calle Canela Mota, en Baní, acabó convirtiéndose en un nuevo frente de cuestionamientos a la gestión pública local después de que la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, desautorizara el operativo y ordenara retirar a los agentes. La acción de tránsito había sido ejecutada para recuperar un tramo ocupado por una hilera de motoconchistas y, según el texto original, recibió respaldo inmediato de ciudadanos que esperaban mayor orden, seguridad y fluidez.
El conflicto se centra en el tramo comprendido entre la Presidente Billini y la calle Sánchez, donde se encuentra el Parque Infantil Encarnación Echavarría, conocido como “La Avenida”. Allí, la ocupación del espacio público por motoconchistas afecta el estacionamiento de personas que acuden a centros médicos, oficinas públicas y plazas comerciales, además de dificultar el flujo vehicular y peatonal. Aunque munícipes denunciaron la situación y la Digesett realizó el desalojo, los transportistas informales acudieron a la Gobernación Provincial y, tras ese encuentro, la gobernadora dispuso que se dejara “tranquilos” a los motoristas.
La decisión echó atrás una medida que había sido presentada como respuesta al clamor ciudadano y puso en evidencia un choque institucional entre la autoridad de tránsito y la Gobernación. El resultado, de acuerdo con el propio desarrollo de los hechos, fue el regreso del caos vehicular, el perjuicio a comercios locales y una señal de debilidad en la aplicación de normas sobre el uso de la vía pública.