El Gobierno aprobó este lunes la Política Presupuestaria Anual para 2027 y dio inicio a la formulación del Presupuesto General del Estado del próximo año con el discurso de priorizar gasto social, inversión pública y continuidad de obras en ejecución, una hoja de ruta que desde ya coloca en el centro la exigencia de fiscalización sobre la gestión del PRM y sus resultados reales.
El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al término de la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. Según explicó, el instrumento cumple con la Ley Orgánica de Presupuesto y se alinea con Meta RD 2036, bajo una visión de largo plazo que el oficialismo vuelve a presentar como respuesta institucional en medio del desgaste que arrastra su administración.
Paliza sostuvo que el presupuesto estará orientado a fortalecer el capital humano, desarrollar infraestructura, elevar la productividad y consolidar las instituciones públicas, con énfasis en proyectos de impacto directo sobre la calidad de vida y la competitividad. También señaló que se mantendrá la inversión en educación equivalente al 4.05 % del PIB, junto con el impulso al Plan Horizonte 2034, la construcción y ampliación de planteles, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.
En salud, el Gobierno dijo que continuará la construcción y culminación de hospitales estratégicos, en especial los vinculados a la red traumatológica, además del fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de programas de protección social dirigidos a familias vulnerables. En infraestructura, Paliza mencionó la continuidad de proyectos de movilidad, entre ellos el sistema integrado de transporte de Santiago, además de otras obras viales en ejecución.
La definición de estas prioridades abre ahora una etapa en la que el Congreso y la ciudadanía tendrán que medir si el nuevo presupuesto será otra pieza de planificación oficial o una respuesta verificable al costo social de los servicios pendientes, las obras inconclusas y las promesas acumuladas. Más que el anuncio, lo que queda bajo observación es la capacidad del Gobierno de Abinader para convertir su discurso presupuestario en resultados concretos y rendir cuentas por el uso de los recursos públicos.