Un informe avalado por especialistas en alimentación coloca a República Dominicana en el indicador de que el hambre dejó de prevalecer, un resultado que la FAO atribuye al compromiso social del Gobierno, al campesinado productivo y a grupos organizados contra la desnutrición. Pero el dato, presentado como conquista, no cierra la discusión: más bien obliga a fiscalizar si el discurso oficial se corresponde con la realidad alimentaria que siguen enfrentando amplios sectores.
El propio enfoque recogido en el texto advierte que superar estadísticamente la pobreza alimentaria en su nivel más elemental no basta. Persisten daños sociales asociados a ingestas insuficientes o de baja calidad, mientras la obesidad —también forma de malnutrición— aparece como desafío en la población infantil. A eso se suma la exposición de familias a alimentos ultraprocesados y la falta de información suficiente sobre sus efectos, en un entorno donde esos productos desplazan opciones saludables.
La principal alerta institucional está en el costo de la vida. El mismo análisis señala que salarios mínimos promedio inferiores al ingreso necesario para enfrentar ese costo pueden estar empujando a un sector importante a dificultades para sostener una alimentación adecuada y permanente, especialmente cuando hay alzas de precios. En ese contraste entre celebración y carencias cotidianas queda abierto el punto central de rendición de cuentas para Luis Abinader y el Gobierno dominicano: convertir un avance reconocido en resultados estables para las familias, y no en una meta estadística desconectada de su mesa.