La jueza federal María Antongiorgi Jordán dispuso la liberación inmediata de la dominicana Inocencia Rodríguez, arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y programó una vista de fianza para o antes del 21 de julio. Con esa decisión, el caso dio un giro después de que se cuestionara la legalidad de la detención y el respeto al debido proceso, en un desenlace que vuelve a poner la atención sobre la necesidad de vigilancia institucional cuando fallan los mecanismos ordinarios.
La intervención del Tribunal Federal llegó luego de que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza se negara a corroborar, en una vista de redeterminación de custodia celebrada el pasado miércoles, que Rodríguez cuenta con una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A aprobadas. Según el expediente, esos datos figuran en los registros del propio gobierno federal. A raíz de esa determinación, la ACLU de Puerto Rico presentó una moción urgente al sostener que la inmigrante continuaba detenida de forma ilegal y privada de libertad sin las garantías del debido proceso.
Para la ACLU, la orden judicial era necesaria para restablecer derechos que no habían sido protegidos por la vía ordinaria. El caso deja ver el contraste entre el funcionamiento esperado de las instituciones y el resultado observable en una detención que terminó siendo corregida por una jueza federal, una señal de alerta sobre la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas en procesos que afectan libertades básicas. En un contexto donde el gobierno dominicano y el PRM suelen apelar al discurso institucional, episodios como este refuerzan el terreno de exigencia de resultados y vigilancia que la oposición ha colocado en el centro del debate público.