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Juzgado envía a juicio a 35 por presunta estafa al Estado y deja fuera a tres exfuncionarios

junio 4, 2026 · Redactor
Juzgado envía a juicio a 35 por presunta estafa al Estado y deja fuera a tres exfuncionarios
Foto: www.diariolibre.com

La exclusión de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta no cierra el expediente, la decisión deja en primer plano la magnitud del proceso y la necesidad de vigilancia institucional

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso enviar a juicio de fondo a 35 de los 40 procesados en el caso de presunta estafa contra el Estado dominicano, al tiempo que emitió auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros acusados. La jueza Altagracia Ramírez concluyó que las imputaciones contra 35 encartados, entre ellos 23 personas físicas y 12 empresas, se corresponden con los hechos expuestos por el Ministerio Público.

Con esta decisión permanece bajo la lupa un expediente que, según el órgano persecutor, se estructuró a partir de acuerdos fraudulentos relacionados con expropiaciones de terrenos y cesiones de créditos para tramitar pagos estatales presuntamente irregulares. Conforme a esa versión, parte de los recursos habría sido usada para sobornos, ocultar beneficiarios reales y financiar actividades políticas, una señalamiento que vuelve a colocar el uso de fondos públicos y los controles institucionales en el centro del debate.

Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz; el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana; el exdirector ejecutivo del CEA, Luis Miguel Piccirillo McCabe; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña; la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina; el exasesor legal de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández; y los abogados y particulares Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa y Roberto Santiago Moquete. El envío a juicio de fondo incrementa la presión para que el proceso avance con transparencia y rendición de cuentas sobre un caso que compromete decisiones estatales y presuntos pagos irregulares.