El crecimiento de Santo Domingo ya no es solo una señal de expansión urbana: también exhibe una falla estructural de gestión y planificación. Desde hace décadas, miles de dominicanos se han trasladado desde provincias y municipios hacia la capital en busca de empleo, educación y mejores condiciones de vida; sin embargo, el resultado visible hoy es una ciudad marcada por la sobrepoblación, el congestionamiento y el desorden urbano, con un transporte público insuficiente, servicios básicos bajo presión y sectores afectados por arrabalización y deterioro social.
Las cifras mencionadas en el texto reflejan con claridad la magnitud del desequilibrio. De acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística, más del 30 % de la población dominicana se concentra entre el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. A esa carga se suma una economía informal que mantiene un peso decisivo: aunque el Banco Central informó que al cierre de 2024 el país superó los 5,1 millones de ocupados y redujo ligeramente la informalidad laboral, todavía cerca del 55 % de los trabajadores continúa en empleos informales, sin estabilidad ni protección social. En la capital, esa realidad se expresa en tapones interminables, presión sobre hospitales y escuelas, escasez de viviendas dignas y una expansión de actividades de baja productividad.
El panorama descrito también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalizar las prioridades públicas. Si la mayor parte de las oportunidades laborales, empresariales y de inversión sigue concentrada en Santo Domingo y Santiago mientras numerosas provincias permanecen estancadas económicamente, el problema ya no puede entenderse solo como migración interna, sino como una señal de desequilibrio territorial no corregido y de resultados insuficientes ante una crisis que incide directamente en la vida cotidiana de la población.