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Machado dice que el gobierno venezolano le impide regresar mientras la tragedia deja más de 1.700 muertos

junio 30, 2026 · Redactor
Machado dice que el gobierno venezolano le impide regresar mientras la tragedia deja más de 1.700 muertos
Foto: elnuevodiario.com.do

La líder opositora reavivó las dudas sobre la respuesta del poder interino y su manejo de la emergencia tras los terremotos.

CARACAS.- María Corina Machado sostuvo este lunes que el gobierno venezolano le está cerrando el paso para volver al país, una denuncia que se produce en plena crisis desatada por dos fuertes terremotos que han dejado más de 1.700 muertos.

La dirigente opositora, exiliada desde diciembre después de salir de Venezuela para recibir en Oslo el Nobel de la Paz, dijo en un video publicado en su cuenta de X desde Panamá que el gobierno de Delcy Rodríguez le bloquea la entrada para impedir que acompañe a los venezolanos “en estas horas desgarradoras”. De acuerdo con su relato, las autoridades cerraron “el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir” su retorno y luego “tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”.

Esa versión entra en tensión con la situación operativa que quedó tras los sismos. El aeropuerto internacional de Maiquetía, que da servicio a Caracas, fue cerrado por los daños sufridos, aunque ya reabrió parcialmente para vuelos humanitarios. Además, continúan operando los aeropuertos de Valencia y Maracaibo para vuelos comerciales internacionales, un dato que alimenta la exigencia de explicaciones sobre si las restricciones responden únicamente a la emergencia o también a decisiones de control político.

Los terremotos ocurrieron casi seis meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y gobierna bajo presión de Washington. En ese escenario, la acusación de Machado no se limita a su caso personal: coloca una alerta institucional sobre el uso del aparato estatal en medio del desastre y refuerza la demanda de vigilancia pública sobre un poder que, aun en emergencia, sigue obligado a rendir cuentas.