Seis medidas para desarrollar el mercado secundario de valores terminaron dejando una señal incómoda para las autoridades: el mercado dominicano todavía arrastra tareas estructurales que no se han resuelto, pese al discurso de modernización institucional. Especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que hacen falta cambios concretos para ampliar la base de inversionistas, facilitar la llegada de capital extranjero, aumentar las emisiones del sector privado, reforzar la infraestructura tecnológica, actualizar la regulación e impulsar nuevos mecanismos de negociación.
Las propuestas se expusieron durante el panel “Retos y oportunidades para el desarrollo del mercado secundario”, celebrado en la XXVII Reunión Anual de Autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), con representantes de Perú, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Más que una vitrina institucional, el encuentro evidenció que el desarrollo del mercado secundario no se resuelve con actos ni anuncios, sino con condiciones reales para que los títulos se negocien con mayor frecuencia, haya más liquidez y entren nuevos participantes.
En el panel participaron Elianne Vilchez Abreu, vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de RD (BVRD); Javier Ignacio Guerrero, director fundador de la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales (Cadonca); José Genaro Serrano, superintendente adjunto de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, y Reyner Brenes Chaves, intendente de la Superintendencia General de Valores de Costa Rica. Vilchez Abreu afirmó que el próximo paso para el mercado dominicano pasa por mejorar el acceso de los inversionistas internacionales y advirtió que las plataformas de negociación deben adaptarse a las nuevas formas de inversión.
El planteamiento refuerza una alerta institucional: si todavía se reclama infraestructura, regulación actualizada y un acceso más amplio, es porque persiste una brecha entre el discurso oficial sobre competitividad y la realidad de un mercado que aún necesita abrirse y ganar profundidad. Por ello, la vigilancia de la sociedad civil y la exigencia de rendición de cuentas sobre los resultados regulatorios cobran más peso para evitar que la agenda financiera quede reducida a exposición técnica mientras siguen pendientes decisiones que afectan la capacidad del país para atraer capital y dinamizar su economía.