Nueva York aprobará este viernes un paquete de leyes con el que restringirá la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, donde únicamente podrá intervenir si presenta una orden judicial de arresto. La medida, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, llega en medio de denuncias por «abuso de poder flagrante» y vuelve a situar el foco en la necesidad de controles institucionales sobre operativos que afectan directamente a comunidades inmigrantes.
Además, la legislación prohíbe de manera total el uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en el estado. Hochul afirmó que ICE recurre al rostro cubierto sin justificación técnica y con la intención de «intimidar y amenazar a la población», en contraste con otras agencias federales como el FBI o la DEA. El anuncio se hizo junto a líderes religiosos, activistas de Make the Road NY y familias afectadas por detenciones y deportaciones, en una señal del peso que ha tenido la presión social frente a los efectos de estas prácticas.
El paquete legal también elimina los convenios 287(g), que delegaban funciones migratorias a policías locales. Con ello, el estado busca apartar a las fuerzas locales de tareas civiles de inmigración y responder a una escalada de tensión con las directrices de la administración de Donald Trump, descritas por Hochul como «crueles». El giro legal refuerza una alerta institucional: sin vigilancia y límites claros, la política migratoria termina trasladando su costo social a escuelas, templos y comunidades.