La entrada en vigencia de la Ley 74-25, que crea el nuevo Código Penal, junto con la Ley 97-25, sobre el nuevo Código Procesal Penal, encendió una nueva alerta institucional en el sector salud. El Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que la combinación de ambas normas podría derivar en una criminalización excesiva del ejercicio médico, con consecuencias directas en la atención de los pacientes.
Luis Peña Núñez, presidente del gremio, afirmó que el nuevo marco penal puede instalar una amenaza permanente de procesos judiciales y llevar a los profesionales hacia una medicina defensiva. De acuerdo con su explicación, ese escenario no solo aumentaría los costos de atención, sino que también dificultaría decisiones clínicas oportunas y limitaría el acceso de la población a servicios especializados, un contraste que vuelve a colocar bajo escrutinio el impacto real de las reformas legales sobre servicios esenciales.
El CMD reiteró que no defiende la impunidad, sino un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los médicos. A la vez, planteó que las controversias clínicas sin dolo, fraude o negligencia temeraria sean conocidas preferentemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria, y reclamó garantías de debido proceso para evitar que el sistema penal sea utilizado como mecanismo de presión constante contra los profesionales de la salud.