Lima, 2 jun (EFE).- La segunda vuelta presidencial en Perú, fijada para el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, llega en medio de una fuerte polarización y de nuevas señales de alerta institucional. Las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, la lentitud del escrutinio y una década de crisis política han devuelto al centro del debate la fragilidad del sistema. En diez años, el país ha tenido ocho presidentes, una cifra que sintetiza el desgaste acumulado y la falta de estabilidad que sigue pesando sobre la decisión de los votantes.
La pugna vuelve a organizarse en torno al eje fujimorismo-antifujimorismo, con Fujimori en su cuarta segunda vuelta consecutiva y con el antecedente de que ese pulso fue ganado por sus adversarios en 2011, 2016 y 2021. El escenario también replica la elección de 2021 al enfrentar a la hija de Alberto Fujimori con Sánchez, identificado con el símbolo del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Más que una disputa electoral, el proceso retrata a un país atrapado entre bloques enfrentados, mientras continúan los cuestionamientos sobre la calidad del arbitraje electoral y la capacidad del sistema político para ofrecer certidumbre.
A ese panorama se suma un electorado marcado por el desencanto y la indecisión, después de años de inestabilidad y de márgenes mínimos que en las dos últimas elecciones desembocaron en escrutinios prolongados. La combinación de una logística compleja, un sistema burocrático de impugnaciones y la desafección ciudadana convierte esta segunda vuelta en una prueba de vigilancia democrática, con la atención puesta no solo en quién gane, sino en si el proceso logra responder a la demanda de confianza y rendición de cuentas que dejó abierta la primera vuelta.