República Dominicana autorizó entre 2019 y 2026 al menos 10 contratos de préstamos externos por US$ 2,618.5 millones destinados a seguridad vial, movilidad, agua potable, saneamiento y gestión de recursos hídricos. Sin embargo, el balance de esos recursos no solo expone el volumen comprometido, sino también una brecha de gestión: mientras unas obras presentan avances, una parte del dinero continúa pendiente de contratación, diseño o desembolso.
La mayor porción de ese financiamiento se concentró en seguridad vial y movilidad, con US$ 1,660 millones repartidos en seis contratos. Solo para la implementación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Estado tomó US$ 500 millones entre un préstamo del BID firmado en diciembre de 2019 y otro de la Agencia Francesa de Desarrollo aprobado en octubre de 2020. Luego se añadieron nuevas operaciones del BID por US$ 200 millones en 2022 y otros US$ 200 millones autorizados en julio de 2026 para dar continuidad al Programa de Seguridad Vial ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas.
El panorama que deja el análisis es el de una cartera millonaria que todavía demanda seguimiento sobre su ejecución y sobre los resultados concretos para la población. El tamaño del endeudamiento y la permanencia de proyectos en etapas preliminares refuerzan el contraste entre la prioridad declarada para la infraestructura y la realidad de obras que aún no terminan de convertirse en soluciones completas, en un escenario donde el costo social de las demoras recae sobre movilidad, agua y saneamiento.