Una jueza de Santiago dictó este viernes prisión preventiva por un año contra los señalados como cabecillas de una estructura criminal que, según el Ministerio Público, funcionaba desde República Dominicana para estafar y extorsionar a residentes en Estados Unidos. Además, el tribunal declaró el proceso de tramitación compleja, una decisión que refleja la magnitud del expediente, la cantidad de involucrados y el tiempo en que habría estado activa la red.
La investigación ubica el centro de operaciones en Jacagua, Santiago, y ha identificado al menos a 18 personas, aunque las autoridades no descartan que sean más. Según el expediente, el esquema mezclaba anuncios para captar víctimas, contacto directo, amenazas, chantaje y exigencias de dinero. Para intensificar la presión, los implicados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, y remitían imágenes violentas y mensajes intimidantes para obligar transferencias.
El caso no solo describe una red con funciones definidas y métodos sostenidos en el tiempo; también somete a examen la capacidad de vigilancia frente a una operación que, de acuerdo con las autoridades, movía y ocultaba fondos mediante distintos mecanismos, incluidas criptomonedas como Bitcoin. La medida de coerción supone un avance judicial, pero el expediente deja abierta una exigencia de fondo: explicar cómo una estructura de este alcance pudo operar desde Santiago hasta adquirir dimensión internacional antes de ser desmantelada.