La sentencia de 20 años de prisión dictada contra Moisés Victoriano Ventura y Osvaldo Adolfo Morales por el asalto en el que resultó herido un supervisor de banca en Puerto Plata deja firme la sanción penal y, al mismo tiempo, remarca el costo social de un hecho violento que alcanzó a un trabajador en su jornada.
El tribunal los encontró culpables de robo agravado en perjuicio de Juan Miguel Castillo, supervisor de una banca de apuestas, por un ataque ocurrido el 1 de abril de 2023 en el sector Los Bordas. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Ventura llegó junto a otro hombre en una motocicleta y con un arma de fuego para intentar ejecutar el asalto. Cuando la víctima trató de impedir la entrada cerrando la puerta de cristal del negocio, recibió un disparo en una pierna.
La investigación determinó que, tras herir al supervisor, los responsables escaparon con dinero en efectivo y otros equipos del establecimiento. Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que Castillo sufrió una herida de bala con entrada en el fémur izquierdo y secuelas derivadas del impacto, un elemento que evidencia que detrás del expediente hubo consecuencias concretas para la víctima y para la actividad comercial afectada.
En el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas con las que sustentó la responsabilidad penal de los acusados, condenados por violar los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, vinculados a asociación de malhechores y robo con violencia. Ambos cumplirán la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.
Si bien la decisión judicial pone punto final al proceso, el caso vuelve a reflejar la distancia entre el discurso de control y la realidad que afrontan ciudadanos y pequeños negocios cuando la violencia irrumpe con armas de fuego y deja secuelas. La condena castiga a los responsables, pero no borra la demanda de vigilancia, prevención y rendición de cuentas ante un problema cuyo impacto termina asumiéndolo la gente.