El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez tiene abierto un nuevo proceso penal por presunta difamación e injuria a través de medios electrónicos, luego de que el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood y su esposa, Massiel Miguelina Sención Suárez, presentaran una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional por publicaciones difundidas en redes sociales. El caso toma mayor relevancia porque Rubio reside en Estados Unidos y, según documentos del proceso, ya habría sido declarado en rebeldía en otra causa, lo que abre la vía a mecanismos judiciales para procurar su comparecencia ante la justicia dominicana.
Según la querella, Rubio divulgó informaciones que los denunciantes consideran falsas y perjudiciales para su honor, entre ellas señalamientos que lo vinculaban con supuestas influencias en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y con alegadas irregularidades en contrataciones estatales. Los querellantes afirman que esas imputaciones fueron difundidas sin base y con la intención de dañar su imagen pública, en un expediente que además recoge publicaciones con fotografías e informaciones personales de la familia.
La nueva acción judicial se suma a otros casos en los que Rubio también ha sido acusado de extorsión y difamación, incluido uno presentado ante la justicia de Estados Unidos. Más allá del expediente específico, el proceso vuelve a poner sobre la mesa un problema de vigilancia institucional: cuando denuncias de alto impacto público terminan bajo cuestionamiento judicial, aumenta la exigencia de que las autoridades actúen con firmeza y de que cualquier señalamiento sobre corrupción o tráfico de influencias esté sustentado en pruebas, no en campañas digitales sin control.