A once días del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, la emergencia continúa ampliándose y también crece la presión sobre las autoridades para ofrecer datos completos. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, dijo este domingo que el número de fallecidos ascendió a 3.342 y el de heridos a 16.740, una actualización que confirma el impacto social de una tragedia aún abierta.
La nueva cifra de muertos supone 388 más que la del sábado, mientras siguen las tareas para recuperar cuerpos entre los escombros. El informe oficial añade que 6.462 personas han sido rescatadas y que 17.345 perdieron su vivienda, lo que obligó a habilitar 79 campamentos transitorios. A ello se suman 856 edificios afectados y 190 colapsados, una dimensión del daño que vuelve a evidenciar la distancia entre la magnitud real de la crisis y la información que sigue recibiendo la población.
De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, 86.794 familias han sido atendidas, se han repartido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, y continúan desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad junto a 27.482 voluntarios. Pese a ello, el punto más delicado sigue sin aclararse: no se actualiza la cifra de personas en paradero desconocido, aunque se habilitó un número telefónico y una plataforma digital para reportarlas.
Esa falta de precisión oficial contrasta con la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web creada para reportar familiares no localizados y que ya registra más de 31.000 personas con las que no ha sido posible establecer contacto. En una catástrofe de esta escala, la sociedad civil acaba cubriendo vacíos de información que deberían permanecer bajo seguimiento público constante, sobre todo cuando se trata del terremoto más mortífero vivido por Venezuela en el último siglo.
Los sismos recientes afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más damnificada, un territorio marcado además por la tragedia del deslave de 1999. Ese antecedente endurece la exigencia de vigilancia sobre la respuesta institucional: con miles de muertos, decenas de miles de heridos y familias desplazadas, el centro de la discusión ya no puede limitarse al parte oficial, sino a las explicaciones pendientes sobre desaparecidos, atención sostenida y capacidad real de respuesta frente a una crisis de esta magnitud.