La Operación XL-526 destapó una presunta red criminal que, según el expediente del Ministerio Público, captaba víctimas a través de anuncios publicitarios y después las sometía a extorsión y chantaje con un plan diseñado de antemano. La investigación señala que la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, empleaba herramientas tecnológicas y manejaba el idioma inglés, mientras sus miembros se presentaban como supuestos integrantes de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, para sembrar temor y exigir dinero.
De acuerdo con el órgano acusador, parte del método de intimidación consistía en enviar imágenes de crímenes violentos a las personas contactadas. El expediente también afirma que los recursos obtenidos presuntamente mediante extorsión, chantaje y estafas eran movidos mediante criptomonedas como bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras y plataformas de pago, con el fin de ocultar el origen del dinero y darle apariencia de legalidad.
Por este caso, el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas y solicitó que el proceso sea declarado complejo por la cantidad de imputados, víctimas y la presunta existencia de una estructura de crimen organizado vinculada al lavado de activos. El alcance atribuido a la red y la variedad de mecanismos usados para trasladar fondos reabren la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad institucional para detectar a tiempo operaciones de este tipo y limitar su impacto sobre la población.