La elevada cantidad de muertes asociadas al uso de motocicletas vuelve a poner en la mira la capacidad del Estado para controlar el tránsito y proteger a la población. Si, como se plantea, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está vinculado a este medio de transporte, la persistencia de correctivos débiles solo alargaría una crisis de seguridad vial con altos costos humanos y económicos.
A partir de ese diagnóstico, toma fuerza la idea de suspender por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, planteada como una respuesta extrema ante la falta de soluciones eficaces. La propuesta se apoya en un escenario descrito como de impunidad casi total, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad para frenar una de las principales fuentes de siniestralidad.
Aun sin adoptar una medida tan drástica, el debate deja al descubierto la falta de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también señala la debilidad institucional de la Digesett, descrita como incapaz de responder con sus actuales potestades, número de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que continúan acumulándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones contundentes.