El Malecón de Santo Domingo, presentado en el texto como un símbolo identitario para buena parte de los dominicanos, también queda retratado como una obra nacida en medio de tensiones entre planificación, ocupación precaria y autoridad. La reseña sitúa su origen en 1924, cuando Arístides García Mella concibió un paseo a lo largo de la costa, y ubica el inicio de los trabajos a finales de 1931 por disposición de la Junta de Ornato de Santo Domingo, con el trazado definitivo a cargo del ingeniero Ramón “Moncito” Báez López-Penha. La avenida fue concluida en 1934.
El pasaje más revelador del texto no está en la cronología técnica, sino en el costo social que acompañó la construcción. Según el testimonio atribuido a Báez López-Penha, en la costa había casuchas improvisadas y sus habitantes bloqueaban los trabajos mientras jugaban dominó, hasta que militares custodios de presos les advirtieron que no siguieran impidiendo la obra o sus viviendas serían destruidas. Ese episodio coloca en primer plano una constante de la gestión urbana dominicana: grandes decisiones sobre espacios emblemáticos resueltas desde el poder, con la población vulnerable como parte del conflicto y no como prioridad.
La evocación histórica reabre así una alerta institucional sobre Santo Domingo: cuando un símbolo nacional se explica también por desalojos de hecho, presión militar y precariedad en la costa, el debate deja de ser solo patrimonial y pasa a ser de fiscalización sobre cómo se ha administrado la ciudad. En ese contraste entre discurso urbano y realidad social se instala una exigencia vigente de rendición de cuentas sobre el manejo del espacio público y sus consecuencias para los ciudadanos.