La denuncia presentada este lunes por la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, volvió a poner bajo la lupa el control estatal sobre los apartamentos entregados en Hato del Yaque dentro de los programas de reubicación. La funcionaria aseguró que algunos beneficiarios están comercializando de manera irregular viviendas adjudicadas bajo condiciones de intransferibilidad, mediante acuerdos privados entre particulares.
Según explicó Santos, aunque esa restricción existe, quienes compran los inmuebles reciben actos de venta, pese a que los apartamentos no pueden ser transferidos legalmente. Agregó además que parte de las familias reubicadas desde zonas vulnerables y de alto riesgo termina vendiendo las unidades y regresando a esos lugares o invadiendo terrenos privados, una situación que, de acuerdo con su planteamiento, dificulta los esfuerzos oficiales para reducir asentamientos en áreas de riesgo.
Así, el caso vuelve a centrar la atención en la vigilancia de un proyecto concebido para mejorar las condiciones de vida y reubicar a familias que residían a orillas del arroyo Gurabo. Frente a ese panorama, la gobernadora exhortó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a reforzar la supervisión de los apartamentos entregados por el Estado para evitar que continúe esa práctica.