La inclusión de penas de prisión por difamación e injuria en el nuevo Código Penal ha encendido una alerta sobre sus efectos en la fiscalización pública. Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), advirtió que el artículo 208 podría generar temor entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que presentan denuncias de interés público, al extender sanciones a expresiones difundidas por medios escritos, audiovisuales, radio, televisión, plataformas digitales, redes sociales y otros canales electrónicos.
Maldonado sostuvo que esa disposición reintroduce un esquema que entra en conflicto con decisiones previas del Tribunal Constitucional sobre la prisión por difamación e injuria. «Es una disposición contraria a lo que ya el Constitucional había decidido o ha decidido en una sentencia anterior a este código», afirmó. A su juicio, el alcance del texto debe leerse junto con otros artículos del Código Penal sobre difamación e injuria, debido a que amplían su aplicación a las nuevas formas de comunicación digital.
Aunque señaló que el Poder Legislativo intentó responder a denuncias sobre el uso de plataformas para desacreditar personas o realizar presuntas extorsiones, advirtió que la salida adoptada puede abrir nuevos conflictos jurídicos. El artículo 208 define la difamación como la imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho concreto que afecte su honor, consideración, dignidad, imagen, buen nombre o integridad familiar, y establece penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público. Para Maldonado, la posibilidad de consecuencias penales amenaza la libertad de expresión y puede desalentar denuncias ciudadanas en asuntos de interés público.