Las denuncias de integrantes del sector artístico contra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) vuelven a poner en la mira un servicio público cuestionado por su respuesta ante los ciudadanos. Según los testimonios difundidos, el cuerpo de Stuart Ortiz fue entregado en avanzado estado de descomposición y la familia afrontó un trato hostil durante el proceso, en un contraste severo entre la obligación institucional de actuar con dignidad y el resultado denunciado.
El actor Emilio Fernández aseguró que, desde el inicio, los familiares recibieron un manejo insensible por parte del personal. “Mira, desde que empezamos el proceso, el trato fue súper hostil. Le hablaban súper mal a los familiares, no daban informaciones, nada”, expresó, al señalar falta de comunicación y de humanidad en un momento de duelo.
Orestes Amador, por su lado, sostuvo en Instagram que las condiciones en que fue entregado el cadáver impidieron a la familia despedirse de su ser querido de manera digna. Además, calificó la situación de inaceptable y pidió esclarecer qué ocurrió en el manejo forense del caso.
Más allá del hecho puntual, los reclamos apuntan a un problema institucional: la necesidad de revisar protocolos de atención, manejo de cuerpos y trato a familiares que acuden al Inacif en medio del dolor. Los actores pidieron que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido, determinen responsabilidades si las hubiera y adopten medidas que garanticen un trato humano y respetuoso.
Hasta ahora, el Inacif no ha ofrecido una respuesta pública sobre las denuncias. Ese silencio profundiza la exigencia de rendición de cuentas en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el desgaste de la gestión pública cuando el ciudadano se encuentra con instituciones cerradas, sin información y lejos de la sensibilidad que el Estado está obligado a garantizar.